Los límites de la legalidad en redes sociales

La revolución que ha supuesto Internet -en lo referido a comunicacióninformación e intercambio de datos– ha traído consigo un crecimiento colosal del terreno de acción del individuo, brindándole gran cantidad de posibilidades que hace escasas dos décadas eran impensables; con un solo clic, un usuario puede hacer llegar su opinión, producto u oferta a otro que se disponga frente a su ordenador al otro lado del mundo, abriendo un canal directo entre dos puntos tan alejados; por su parte, la aparición de las redes sociales ha generado difíciles retos a la sociedad, dada la necesidad de establecer una serie de límites capaces de gestionar el comportamiento de los internautas, evitando una serie de conflictos altamente dañinos para el honor, la intimidad y la propia imagen del individuo.

Redes sociales tales como FacebookTwitterGoogle+InstagramSnapchat, entre otras muchas, se han convertido, con el tiempo, en un gran “medio de comunicación” de masas a disposición de todos, en el que cualquiera puede manifestar su punto de vista u opinión y que otros lo compartan, llevando a que ciertos contenidos se viralicen, fabricando a verdaderos pesos pesados de la comunicación surgidos de la nada gracias al usuario: por un lado, esto ha beneficiado al mundo de la información, dando voz directa a las víctimas de conflictos armados, inmigración, terrorismo, maltrato de género, y otras muchas tristes realidades, abriendo un canal directo, y objetivo, entre el público y diversos acontecimientos de interés general; por otra parte, ha traído consigo que la irresponsabilidad informativa se manifieste más que nunca en el mundo de lo cotidiano, brindando un atril de posibilidades a supuestos comunicadores, muchos de ellos con un mensaje racista, misógino, de odio u altamente demagogo, suponiendo, en cierto modo, la destrucción del noble arte del periodismo -cabe destacar que, en cierto modo, el abandono de dicha nobleza, junto con la pérdida de credibilidad del público hacia unos medios altamente parciales, poco transparentes, y esclavos de intereses económicos y políticos, han propiciado el auge de esta realidad-.

En consecuencia, la ley se ha visto en la obligación de moderar las actividades que los usuarios puedan desempeñar en dichas redes, estableciendo una serie de límites que -cómo no- han generado diversos conflictos en relación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un claro ejemplo de ello es la reciente imputación de César Strawberry, cantante de Def Con Dos, por supuesto enaltecimiento del terrorismo, o los famosos titiriteros y su apología al grupo terrorista ETA; en esta vertiente, relacionada de un modo directo con la comedia, el humor y, en definitiva, la interpretación, quizá sea donde la justicia tiene más problemas a la hora de establecer unos límites, puesto que, como bien dijo el cómico británico Ricky Gervais“Que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos… ¿Y?”. En terrenos del humor, siempre habrá alguien que se sienta ofendido por un chiste, motivo por el cual es altamente difícil establecer un límite acertado, aunque en España -al igual que en otros muchos países- en lo que se refiere al humor se ha dejado en evidencia que el terrorismo y el maltrato de género no son temas que entren demasiado bien al público, ni a las autoridades, dado que, tristemente, están a la orden del día.

Todo esto cambia a la hora de abordar la problemática del bullying, el acoso virtual, las amenazas -dirigidas tanto a personajes públicos como a usuarios privados-, el enaltecimiento -claro y directo- del terrorismo, o la exaltación al odio. Al principio, en las redes sociales se podía decir de todo sin que esto conllevase ningún tipo de responsabilidad directa, pero dicha realidad ha cambiado tras los incidentes que se vienen dando en torno al uso indebido de estas herramientas. La Guardia Civil, con el fin de frenar los delitos de acoso y amenazas que puedan darse en la red, ha dispuesto todo un departamento a disposición de los afectados: el Departamento de Delitos Telemáticos. El código penal recoge dichos delitos como graves, estableciendo que tales actitudes se encuentran fuera de los límites de la libertad de expresión, al suponer un serio prejuicio a un tercero, muy dañino a la larga -sobre todo en los casos de bullying entre adolescentes, en los que la dimensión espacio-temporal en la que tenía lugar el acoso se ha visto duplicada, dado que, por mor de las redes sociales, la víctima se lleva los abusos a casa, en vez de reducirse éstos al mero ámbito estudiantil-.

Las autoridades son las responsables de asegurar que las leyes no se vean vulneradas en Internet, persiguiendo a acosadores y delincuentes de todo tipo en este submundo convulso, tan caótico, que es la red -de vez en cuando también persigue a algún que otro artista o humorista, pero eso son gajes del oficio-. En lo referido a cualquier material obsoleto que siga indexado a motores de búsqueda, o a nuevas publicaciones que supongan un prejuicio personal para sus clientes, Tenthman es especialista en velar por los intereses de los internautas, evitando que cualquier medio -o tercero- pueda hacer un uso indebido de su imagen e intimidad.

¿Qué es el Derecho al Olvido?

Internet se ha convertido, a lo largo de las últimas décadas, en una dimensión paralela en la que el individuo se desenvuelve -tanto directa como indirectamente- en la cotidianidad, con la peculiaridad de que sus datos, así como el rastro que va dejando como usuarios en la red, prevalecerán por un tiempo indefinido, manteniéndose, por ende, en el ámbito público, a disposición de los motores de búsqueda; es en esta dimensión en la que se aplica el conocido como derecho al olvido, que tiene que ver con la protección de datos personales, así como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, terreno en el que Tenthman lleva a cabo su labor.

Atendiendo a dicha peculiaridad, y teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobada por las Cortes Generales el 13 de diciembre de 1999, podemos extraer una serie de conflictos que se han ido manifestando en los últimos años, a raíz del uso de datos de carácter personal que se encuentran, a disposición del usuario, en la red, referidos tanto a personalidades públicas como a individuos del ámbito privado.

El derecho al olvido protege al usuario ante el posible uso que un tercero pudiera dar a cierta información que, considerándose obsoleta, sigue indexada a los motores de búsqueda; de este modo, el afectado puede solicitar que estos datos sean borrados de Internet, así como todo rastro de los mismos. Para ello ha de ponerse en contacto directo con el medio u empresa que haya publicado dicha información, o con los motores de búsqueda desde los cuales pueda accederse a la misma; en caso de que sea rechazada la solicitud de derecho al olvido, podrá iniciar acciones legales, e incluso reclamar una indemnización.

Es frecuente que este concepto entre en conflicto con la libertad de expresión e información, dado que es muy difícil establecer unos límites definidos sin entrar en conflicto -a su vez- con el resto de derechos fundamentales de los que goza el ciudadano. En los últimos años hemos sido testigos de diversos escándalos, casi siempre relacionados con personajes públicos: cuando un medio de comunicación hace uso de cierta información referente a un tercero que, aún siendo cierta, pueda suponer un prejuicio para éste, nos encontramos ante una falta grave que puede fácilmente llegar a los tribunales; del mismo modo, el medio acusado podrá aferrarse a su libertad de expresión, escudándose en la labor que desempeña y en el valor informativo de lo publicado -de existir dicho valor, puesto que, en caso contrario, tendría las de perder ante un juez-. Ambos derechos son de vital importancia, parte inamovible de los cimientos de una democracia, motivo por el cual la ley ha de disponer de las herramientas adecuadas para afrontar cualquier conflicto que pudiera surgir entre ambos, sin limitar -en ningún caso- los derechos del ciudadano.

Como bien dejaron escrito Samuel D. Warren -célebre estudioso del derecho y uno de los autores del manual ‘The Right to Privacy’– y Louis D. Brandeis -juez asociado a la Corte Suprema de los EEUU, también escritor y estudioso del derecho-, en un artículo publicado en diciembre de 1890; “Que el individuo debería tener protección de su persona y sus propiedades es un principio tan antiguo como la ley, pero de vez en cuando es necesario definir de nuevo la naturaleza y el alcance de esa protección… el derecho al olvido, a que te dejen en paz, asegura el ejercicio de los amplios privilegios civiles, y el término “propiedad” ha crecido hasta incluir toda forma de posesión”. Como podemos observar, el derecho al olvido ya se había teorizado mucho antes de la aparición de Internet, herramienta que supone un gran reto para la ley dada la nueva dimensión que ofrece, emplazamiento en el cual Tenthman se esfuerza en proteger a sus clientes de cualquier actividad ajena a sus intereses, velando por su integridad moral y su intimidad.

Escrito por Gerardo Collazo

Fotografía de @Annevanilla

Elecciones Holanda 2017

En esta infografía mostramos un resumen de las 24 horas actividad que hubo en la red social Twitter de los dos principales candidatos, Mark Rutte y Gert Wilders, durante el día de las elecciones de Holanda.

 

Libertad de expresión, un bien tan necesario como ineludible

La fina membrana que separa el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, valores intrínsecos al individuo dentro de nuestra sociedad, de la libertad de expresión, en referencia a los medios de comunicación, se ha convertido en terreno pantanoso a lo largo de las últimas décadas, debido a la nueva dimensión que ofrece Internet. Dicho conflicto, asignatura pendiente -en cierto modo- para los debidos organismos de ley dedicados a tal menester, se ha convertido en actual tema de debate para expertos en materia informativa, enfrentando, en muchos casos, a gran número de personajes públicos con diversos medios de comunicación.

Es fácil que el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen entren en conflicto con la libertad de expresión, dado que se trata de una serie derechos fundamentales, ineludibles e inalienables,  de los que goza el ciudadano, muy protegidos por la constitución española, así como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el problema reside en los límites de la libertad de expresión, pues aún considerándose un derecho intrínseco al individuo -e inviolable- existen ciertas situaciones en las que pueden surgir ligeras discrepancias, fina linea en la que Tenthman realiza su labor, en beneficio del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de sus clientes.

¿Qué ocurre, por ejemplo, si un medio de comunicación publica una serie de imágenes íntimas de un personaje público sin el consentimiento de éste?

En un caso de estas características es fácil que se genere cierto conflicto entre el afectado y el medio responsable, dado que, por un lado, el medio eludirá cualquier responsabilidad exponiendo su derecho a la libertad de expresión, mientras que el afectado, por otra parte, se aferrará a su derecho al honor y a la propia imagen.

Los límites de la libertad de expresión podrían situarse en el derecho a la intimidad del individuo, siempre y cuando la información dada carezca de valor informativo, pues siempre que cierto material, ya sea visual o escrito, no se considere valioso a este nivel -por el motivo que sea- se hallará fuera de los límites de dicha libertad, al causar un prejuicio a un tercero, que no ha dado su consentimiento para que dicha información sea publicada; de este modo, ambos derechos, tan necesarios como ineludibles, se ven vulnerados y, por consiguiente, entran en conflicto.

Un ejemplo de este tipo de situaciones podría ser el caso del actor Quim Gutiérrez, quien se vio afectado, recientemente, por la  publicación de una serie de fotografías en las que aparecía desnudo en una playa de Formentera. El medio responsable, la revista Cuore, referente dentro de la prensa amarillista nacional, se aferró a que se trataba de un personaje público en un lugar público, motivo por el cual el medio ejercía su total derecho al incluir las imágenes en el groso de su edición impresa, dentro de las pautas establecidas por la ley; por otra parte, el afectado se encontraba en disposición de considerar dichas instantáneas una agresión hacia su persona, motivo por el cual decidió eliminar cualquier contenido relacionado en la red, ejerciendo, de este modo, su derecho a regular y eliminar el contenido ilegal, materia en la que Tenthman se ha especializado con los años, consciente de la amplitud que ofrece Internet.

Como bien dejó escrito el experto Manuel Gameros en su artículo ‘Libertad de Expresión, Diversidad Cultural y Educación’, incluido en el manual Espacios de Comunicación, coordinado por el periodista e investigador mexicano Javier Esteinou Madrid”La libertad de expresión debe encontrar un punto intermedio entre el universalismo ingenuo y el relativismo absoluto”.

Por consiguiente, podríamos establecer que la labor de Tenthman se sitúa en este preciso punto intermedio, velando porque la integridad moral y los derechos de sus clientes no se vea vulnerada por el uso indebido, e irresponsable, de la libertad de expresión, pues dicho derecho ha de ejercerse en favor de la verdad y de la información, siempre en beneficio de una sociedad que necesita -y merece-conocer la realidad objetiva de los acontecimientos que tienen lugar a su alrededor; por el contrario, y en referencia a la prensa amarillista, cuyos contenidos carecen de valor informativo, y la burda banalidad con la que la información es tratada expone, de un modo irresponsable, a las personas implicadas, ha de defenderse el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen por encima de los intereses económicos del medio en cuestión, que, en detrimento de la noble labor informativa, se aferrará a su libertad de expresión a la hora de dar un trato dañino, irresponsable, y de mal gusto, a ciertos contenidos que, en su inmensa mayoría, no son noticia, y afectan a la vida de un tercero.

La dimensión ofrecida por Internet con respecto a la información es apabullante, pues resulta casi imposible, a nivel usuario, deshacerse de ciertos contenidos que puedan afectar a nuestra integridad como individuo; Tenthman centra gran parte de su labor en localizar, definir, certificar y regular contenido que afecte a los derechos de sus clientes, así como por su derecho a la libertad de expresión, al honor, a la intimidad y a la propia imagen, impidiendo que cualquier material dañino pueda seguir circulando por la red. Ese es, y siempre será, el principio moral por el que Tenthman se guía; velar por la integridad y seguridad de sus clientes en este mar de información y contenidos, en ocasiones confuso, que es Internet.