¿Qué es el Derecho al Olvido?

Internet se ha convertido, a lo largo de las últimas décadas, en una dimensión paralela en la que el individuo se desenvuelve -tanto directa como indirectamente- en la cotidianidad, con la peculiaridad de que sus datos, así como el rastro que va dejando como usuarios en la red, prevalecerán por un tiempo indefinido, manteniéndose, por ende, en el ámbito público, a disposición de los motores de búsqueda; es en esta dimensión en la que se aplica el conocido como derecho al olvido, que tiene que ver con la protección de datos personales, así como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, terreno en el que Tenthman lleva a cabo su labor.

Atendiendo a dicha peculiaridad, y teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobada por las Cortes Generales el 13 de diciembre de 1999, podemos extraer una serie de conflictos que se han ido manifestando en los últimos años, a raíz del uso de datos de carácter personal que se encuentran, a disposición del usuario, en la red, referidos tanto a personalidades públicas como a individuos del ámbito privado.

El derecho al olvido protege al usuario ante el posible uso que un tercero pudiera dar a cierta información que, considerándose obsoleta, sigue indexada a los motores de búsqueda; de este modo, el afectado puede solicitar que estos datos sean borrados de Internet, así como todo rastro de los mismos. Para ello ha de ponerse en contacto directo con el medio u empresa que haya publicado dicha información, o con los motores de búsqueda desde los cuales pueda accederse a la misma; en caso de que sea rechazada la solicitud de derecho al olvido, podrá iniciar acciones legales, e incluso reclamar una indemnización.

Es frecuente que este concepto entre en conflicto con la libertad de expresión e información, dado que es muy difícil establecer unos límites definidos sin entrar en conflicto -a su vez- con el resto de derechos fundamentales de los que goza el ciudadano. En los últimos años hemos sido testigos de diversos escándalos, casi siempre relacionados con personajes públicos: cuando un medio de comunicación hace uso de cierta información referente a un tercero que, aún siendo cierta, pueda suponer un prejuicio para éste, nos encontramos ante una falta grave que puede fácilmente llegar a los tribunales; del mismo modo, el medio acusado podrá aferrarse a su libertad de expresión, escudándose en la labor que desempeña y en el valor informativo de lo publicado -de existir dicho valor, puesto que, en caso contrario, tendría las de perder ante un juez-. Ambos derechos son de vital importancia, parte inamovible de los cimientos de una democracia, motivo por el cual la ley ha de disponer de las herramientas adecuadas para afrontar cualquier conflicto que pudiera surgir entre ambos, sin limitar -en ningún caso- los derechos del ciudadano.

Como bien dejaron escrito Samuel D. Warren -célebre estudioso del derecho y uno de los autores del manual ‘The Right to Privacy’– y Louis D. Brandeis -juez asociado a la Corte Suprema de los EEUU, también escritor y estudioso del derecho-, en un artículo publicado en diciembre de 1890; “Que el individuo debería tener protección de su persona y sus propiedades es un principio tan antiguo como la ley, pero de vez en cuando es necesario definir de nuevo la naturaleza y el alcance de esa protección… el derecho al olvido, a que te dejen en paz, asegura el ejercicio de los amplios privilegios civiles, y el término “propiedad” ha crecido hasta incluir toda forma de posesión”. Como podemos observar, el derecho al olvido ya se había teorizado mucho antes de la aparición de Internet, herramienta que supone un gran reto para la ley dada la nueva dimensión que ofrece, emplazamiento en el cual Tenthman se esfuerza en proteger a sus clientes de cualquier actividad ajena a sus intereses, velando por su integridad moral y su intimidad.

Escrito por Gerardo Collazo

Fotografía de @Annevanilla

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