Los límites de la legalidad en redes sociales

La revolución que ha supuesto Internet -en lo referido a comunicacióninformación e intercambio de datos– ha traído consigo un crecimiento colosal del terreno de acción del individuo, brindándole gran cantidad de posibilidades que hace escasas dos décadas eran impensables; con un solo clic, un usuario puede hacer llegar su opinión, producto u oferta a otro que se disponga frente a su ordenador al otro lado del mundo, abriendo un canal directo entre dos puntos tan alejados; por su parte, la aparición de las redes sociales ha generado difíciles retos a la sociedad, dada la necesidad de establecer una serie de límites capaces de gestionar el comportamiento de los internautas, evitando una serie de conflictos altamente dañinos para el honor, la intimidad y la propia imagen del individuo.

Redes sociales tales como FacebookTwitterGoogle+InstagramSnapchat, entre otras muchas, se han convertido, con el tiempo, en un gran “medio de comunicación” de masas a disposición de todos, en el que cualquiera puede manifestar su punto de vista u opinión y que otros lo compartan, llevando a que ciertos contenidos se viralicen, fabricando a verdaderos pesos pesados de la comunicación surgidos de la nada gracias al usuario: por un lado, esto ha beneficiado al mundo de la información, dando voz directa a las víctimas de conflictos armados, inmigración, terrorismo, maltrato de género, y otras muchas tristes realidades, abriendo un canal directo, y objetivo, entre el público y diversos acontecimientos de interés general; por otra parte, ha traído consigo que la irresponsabilidad informativa se manifieste más que nunca en el mundo de lo cotidiano, brindando un atril de posibilidades a supuestos comunicadores, muchos de ellos con un mensaje racista, misógino, de odio u altamente demagogo, suponiendo, en cierto modo, la destrucción del noble arte del periodismo -cabe destacar que, en cierto modo, el abandono de dicha nobleza, junto con la pérdida de credibilidad del público hacia unos medios altamente parciales, poco transparentes, y esclavos de intereses económicos y políticos, han propiciado el auge de esta realidad-.

En consecuencia, la ley se ha visto en la obligación de moderar las actividades que los usuarios puedan desempeñar en dichas redes, estableciendo una serie de límites que -cómo no- han generado diversos conflictos en relación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un claro ejemplo de ello es la reciente imputación de César Strawberry, cantante de Def Con Dos, por supuesto enaltecimiento del terrorismo, o los famosos titiriteros y su apología al grupo terrorista ETA; en esta vertiente, relacionada de un modo directo con la comedia, el humor y, en definitiva, la interpretación, quizá sea donde la justicia tiene más problemas a la hora de establecer unos límites, puesto que, como bien dijo el cómico británico Ricky Gervais“Que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos… ¿Y?”. En terrenos del humor, siempre habrá alguien que se sienta ofendido por un chiste, motivo por el cual es altamente difícil establecer un límite acertado, aunque en España -al igual que en otros muchos países- en lo que se refiere al humor se ha dejado en evidencia que el terrorismo y el maltrato de género no son temas que entren demasiado bien al público, ni a las autoridades, dado que, tristemente, están a la orden del día.

Todo esto cambia a la hora de abordar la problemática del bullying, el acoso virtual, las amenazas -dirigidas tanto a personajes públicos como a usuarios privados-, el enaltecimiento -claro y directo- del terrorismo, o la exaltación al odio. Al principio, en las redes sociales se podía decir de todo sin que esto conllevase ningún tipo de responsabilidad directa, pero dicha realidad ha cambiado tras los incidentes que se vienen dando en torno al uso indebido de estas herramientas. La Guardia Civil, con el fin de frenar los delitos de acoso y amenazas que puedan darse en la red, ha dispuesto todo un departamento a disposición de los afectados: el Departamento de Delitos Telemáticos. El código penal recoge dichos delitos como graves, estableciendo que tales actitudes se encuentran fuera de los límites de la libertad de expresión, al suponer un serio prejuicio a un tercero, muy dañino a la larga -sobre todo en los casos de bullying entre adolescentes, en los que la dimensión espacio-temporal en la que tenía lugar el acoso se ha visto duplicada, dado que, por mor de las redes sociales, la víctima se lleva los abusos a casa, en vez de reducirse éstos al mero ámbito estudiantil-.

Las autoridades son las responsables de asegurar que las leyes no se vean vulneradas en Internet, persiguiendo a acosadores y delincuentes de todo tipo en este submundo convulso, tan caótico, que es la red -de vez en cuando también persigue a algún que otro artista o humorista, pero eso son gajes del oficio-. En lo referido a cualquier material obsoleto que siga indexado a motores de búsqueda, o a nuevas publicaciones que supongan un prejuicio personal para sus clientes, Tenthman es especialista en velar por los intereses de los internautas, evitando que cualquier medio -o tercero- pueda hacer un uso indebido de su imagen e intimidad.

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